La economía argentina transita un escenario complejo donde el consumo, lejos de repuntar, parece haberse congelado. A pesar de las narrativas oficiales, el día a día de millones de argentinos se ve asediado por una preocupante combinación: una morosidad creciente en los créditos y un avance sigiloso, pero devastador, del contrabando de productos importados.

Este combo explosivo no solo pone en jaque la sostenibilidad de miles de empresas, sino que también amenaza con profundizar la recesión y el desequilibrio social.

El termómetro de la morosidad marca temperaturas alarmantes. El sector de electrodomésticos, que había logrado sostener ventas a fuerza de cuotas y promociones, hoy reporta niveles de atraso en los pagos de entre el 30% y el 40%.

Esta cifra, que enciende todas las alarmas comerciales, es un reflejo de que el crédito, antes un salvavidas para el consumo, se ha transformado en una pesada ancla para millones de hogares que ven cómo el peso de las cuotas carcome una porción cada vez mayor de sus ingresos, ya golpeados por la inflación.

Pero la asfixia del consumo no viene sola; un enemigo silencioso y persistente se cuela por las fronteras: el contrabando. La reducción de la brecha cambiaria, si bien macroeconómicamente positiva, ha generado un efecto colateral perverso al incentivar el ingreso ilegal de productos.

El caso de los celulares es paradigmático: según datos de AFARTE, uno de cada tres teléfonos que se activan en el país no fue fabricado localmente ni importado por vías legales, un golpe directo a la industria y al erario público.