El conflicto por el cierre de la planta de FATE, la única fabricante de neumáticos para camiones y colectivos del país, ha escalado a la máxima instancia política provincial.

Tras el estancamiento de las negociaciones en la conciliación obligatoria, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) decidió llevar su reclamo directamente a la Casa de Gobierno bonaerense, solicitando una audiencia con Axel Kicillof para impulsar una intervención estatal que evite la clausura definitiva de la fábrica.

La estrategia del gremio no es improvisada. Llega después de una serie de movimientos políticos que incluyeron reuniones con legisladores provinciales y nacionales, y la presentación de un proyecto de ley de “ocupación temporaria”.

Un punto clave fue el encuentro con el bloque de senadores bonaerenses de Unión por la Patria, que si bien dejó una “señal política clara” de predisposición a “analizar herramientas”, no supuso un compromiso concreto, lo que llevó al SUTNA a intensificar la presión con una movilización masiva a La Plata.

FATE, por su parte, se mantiene firme en su decisión de cerrar, argumentando haber ejercido su facultad de forma lícita. La compañía ha ofrecido a sus 1.650 empleados directos el pago íntegro de las indemnizaciones, calculadas bajo la normativa laboral anterior a la reforma.

Si bien esta medida cubre un derecho básico, representa el fin del sustento para más de mil seiscientas familias, sin contar los miles de puestos indirectos que dependen de la fábrica y que ahora también se ven amenazados.

Desde la perspectiva empresarial, el planteo sindical de una ocupación temporaria carece de sustento jurídico. La compañía sostiene que la expropiación o intervención estatal solo puede ser aplicada bajo condiciones específicas, como una declaración previa de utilidad pública o escenarios de emergencia (incendios, inundaciones), que no se verifican en este caso.

Además, advierte que una ocupación impulsada por el SUTNA podría ser interpretada como una apropiación ilegítima de bienes privados, con posibles implicancias penales.