Desde hoy, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) verá cómo sus calles se vacían de colectivos a un ritmo inusual. Las empresas de transporte, acorraladas por un brusco aumento en el precio del gasoil, comenzaron a reducir la frecuencia de sus servicios, desatando una nueva pulseada con el gobierno nacional por la sostenibilidad del sistema.

La medida, que entró en vigencia este miércoles 1 de abril de 2026, afecta directamente a los millones de usuarios que a diario dependen del transporte público para moverse entre la Capital Federal y el conurbano bonaerense.

Lo que para muchos es una rutina, ahora se convierte en una odisea de esperas más largas y servicios más espaciados, complicando la jornada laboral y estudiantil de miles de laburantes.

El sector transportista no dudó en señalar al gobierno nacional como el principal responsable de esta situación. En un comunicado conjunto, las cámaras empresarias apuntaron a la "falta de reconocimiento" del impacto que el "intempestivo" incremento del combustible tiene en su estructura de costos, una queja recurrente en el diálogo entre el sector y las autoridades.

Esta decisión no es aislada, sino que representa un frente unificado de las principales cámaras del rubro. La Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (CEUTUPBA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) suscribieron el texto, evidenciando el consenso sobre la gravedad de la crisis.

Para las empresas, la ecuación es sencilla y lapidaria: es imposible mantener los niveles habituales de prestación de servicio con los ingresos actuales y un costo del gasoil que no para de escalar. Subrayan que, a pesar de los reclamos oportunos y las advertencias a las autoridades, no hubo una reacción que permitiera mitigar el impacto económico, forzándolas a tomar esta drástica determinación.