Desde la Casa de Gobierno bonaerense, el gobernador Axel Kicillof, flanqueado por su ministro Carlos Bianco, no perdió oportunidad para explayarse sobre la resolución de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que ratificó la legalidad de la expropiación del 51% de YPF en 2012.

El mandatario provincial retrocedió a la década del ’90 para esgrimir su principal argumento: las privatizaciones de empresas públicas estratégicas, incluida YPF, se realizaron de manera “apurada” y con consecuencias “desastrosas”.

Durante la gestión privada de Repsol, la petrolera experimentó una fuerte caída en la producción de crudo y gas, así como en sus reservas, lo que llevó al país a perder el autoabastecimiento energético y a depender de costosas importaciones.

Kicillof explicó que el problema empresarial se transformó rápidamente en un dolor de cabeza macroeconómico. Las ganancias obtenidas en Argentina, en lugar de reinvertirse en exploración y desarrollo local, eran destinadas al exterior, creando una “incompatibilidad” entre los intereses privados y las necesidades nacionales.

Esto generó un giro dramático: el país pasó de un superávit energético de unos 6.000 millones de dólares anuales a un déficit de igual magnitud, una sangría de divisas de 12.000 millones de dólares al año. Para ponerlo en perspectiva, esa cifra equivaldría a construir casi 2.000 escuelas nuevas o financiar el presupuesto de salud de varias provincias por un año.

El mensaje a Milei

Con el pasado como espejo, el gobernador tendió un puente directo con la coyuntura actual y apuntó sin rodeos contra el presidente Javier Milei, quien ha manifestado su intención de avanzar en nuevas privatizaciones, incluyendo nuevamente a YPF en el listado de la Ley Bases. Para Kicillof, repetir estas "recetas" implicaría reeditar los errores de aquellos años, sentenciando que "privatizar para obtener dólares en el corto plazo conduce a resultados trágicos".

En ese marco, Kicillof insistió en que existe una disputa de fondo entre quienes priorizan el interés nacional y quienes, a su entender, se alinean con intereses externos. Advirtió que cuestionar la expropiación de la petrolera no solo es “contrario al interés nacional”, sino que además fortalece los argumentos de los demandantes en futuras instancias judiciales, señalando que “darles la razón a quienes querían quedarse con YPF es riesgoso”.

Finalmente, Kicillof vinculó el debate sobre YPF con la situación económica actual, cuestionando el aumento de los combustibles y planteando que una empresa estatal permite amortiguar el impacto de las subas internacionales sobre el mercado interno.

Concluyó que YPF debe funcionar como una “palanca de desarrollo” para la industrialización y la generación de valor agregado, alertando sobre un modelo nacional que, según él, promueve la extranjerización de los recursos y la priorización de la exportación por sobre el desarrollo interno.