El gobernador Axel Kicillof convocó a más de 70 intendentes bonaerenses para unificar una estrategia contra el brutal ajuste nacional, denunciando una deuda millonaria y prometiendo coparticipar con cada municipio lo que se recupere. La Provincia de Buenos Aires se alista para una batalla judicial sin cuartel, buscando aliviar las golpeadas finanzas locales.

En un encuentro clave en La Plata, que reunió a intendentes peronistas de todas las "tribus" y a una significativa representación de la Unión Cívica Radical, el gobernador Axel Kicillof puso sobre la mesa la delicada situación económica de la provincia de Buenos Aires.

La cita sirvió para trazar un diagnóstico crudo y, a la vez, para anunciar una ofensiva judicial sin precedentes contra el gobierno nacional por fondos adeudados, con una promesa de coparticipación para los distritos.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, fue el encargado de abrir la jornada con una serie de filminas que retrataban una “situación muy delicada”. Subrayó cómo el ajuste implementado por el Gobierno nacional, con la Ley de Presupuesto 2026 declarando el estado de emergencia, ha tenido un “severo impacto” en las provincias, y especialmente en Buenos Aires.

Sectores vitales como la construcción, la industria manufacturera y el comercio, que explican gran parte del ingreso familiar, están sufriendo un fuerte retroceso.

Reclamos a la Justicia y el anuncio

En este escenario de asfixia fiscal, Kicillof reveló que la provincia ya inició siete causas judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una de las más significativas es el reclamo por el Fondo de Seguridad, una deuda que supera los 750 mil millones de pesos, una cifra que, para tener una idea de su magnitud, podría financiar la construcción de más de mil quinientas escuelas o equipar veinticinco mil patrulleros nuevos en toda la provincia.

Para dimensionar esta cifra colosal, equivale a construir más de 2.600 escuelas o equipar con tecnología de punta a más de 40.000 patrulleros en toda la provincia, evidenciando el gigantesco hueco fiscal que la administración provincial busca subsanar.

Frente a este panorama, Kicillof anunció medidas para intentar paliar la crisis. Aseguró que se harán “todos los esfuerzos posibles” para cumplir con la primera cuota del Fondo para Municipios, aprobado a fin de año en la Legislatura bonaerense y cuyo vencimiento es en abril, un respiro esperado por los jefes comunales.

Pero el anuncio más resonante fue la creación de un fondo de recupero de la deuda nacional, redactado en el artículo 2 del Presupuesto provincial.

La clave de este nuevo fondo es que, por primera vez, el 16.14% de lo que la Provincia recupere de la deuda nacional (con la excepción del FONID) será coparticipado directamente a los 135 municipios.

Esta medida, que antes no estaba prevista, representa una inyección directa a las arcas locales, pero requiere la adhesión de los Concejos Deliberantes de cada distrito. Por ello, Kicillof solicitó el "respaldo político" de los intendentes para asegurar su aprobación y puesta en marcha, unificando así la lucha provincial con las necesidades municipales.