Lo que comenzó como un incidente en un bar de Ipanema terminó por convertirse en un caso testigo de racismo y una feroz interna política en Argentina. La abogada argentina Agostina Páez, quien permanecía retenida en Brasil desde enero con tobillera electrónica, recibió la autorización de la justicia de Río de Janeiro para regresar al país en las próximas 72 horas.
La resolución llegó tras una audiencia clave donde la fiscalía aceptó el pedido de disculpas de la joven y conmutó la prisión efectiva por tareas comunitarias e indemnizaciones.
El Tribunal Penal N°37 de Río de Janeiro dictó una sentencia que permite la repatriación inmediata de Páez, aunque bajo condiciones estrictas.
La fiscalía valoró el arrepentimiento público de Páez, quien admitió que su reacción fue un "grave error". Esto permitió reducir la expectativa de pena de los 15 años iniciales a solo dos años (en suspenso).
Agostina vuelve a Argentina! Fue clave la defensa de su última abogada Carla Junqueira, maravillosa letrada. Nos contactamos y me presenté en la causa como fiadora solidaria de esta joven abandonada por el Gobierno. Sr @alferdez gracias por dejar de lado cualquier diferencia… pic.twitter.com/GwrOj0Q20f
— Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 25, 2026
La resolución del caso desató una dura disputa pública entre la diputada nacional Marcela Pagano y el Palacio San Martín.
La diputada reveló que, ante la “inacción” del Gobierno nacional, ella misma se presentó como fiadora solidaria (garante) de Páez. Para esta gestión de “diplomacia parlamentaria”, Pagano destacó la ayuda del expresidente Alberto Fernández, quien aportó su pericia en Derecho Internacional para redactar los cables que destrabaron la situación.
El canciller, Pablo Quirno, publicó un escueto “Hechos, no palabras” para atribuirse el éxito de la repatriación. La respuesta de Pagano fue lapidaria: lo tildó de “sinvergüenza” y acusó a la Cancillería de haber abandonado a la compatriota por “diferencias ideológicas” con el gobierno de Lula da Silva.
La abogada Carla Junqueira fue la pieza jurídica final que logró unificar la estrategia de defensa con el pedido de disculpas, evitando que Páez ingresara a una cárcel brasileña, un temor que la joven había manifestado públicamente: "Si voy a la cárcel, me mato".