El sistema de educación de gestión privada con subvención estatal en la provincia de Buenos Aires atraviesa horas de máxima incertidumbre. Tras los recientes acuerdos paritarios entre el gobierno de Axel Kicillof y los gremios docentes, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (AIEPBA) manifestó su “profunda preocupación” por el desfasaje financiero que enfrentan las instituciones, que aún no han sido autorizadas a actualizar el valor de sus aranceles.

Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPBA, fue categórico al describir la situación como "límite" para un número significativo de establecimientos.

Muchas escuelas vienen absorbiendo incrementos en los costos operativos desde diciembre de 2025 sin haber podido trasladar esos valores a las cuotas que pagan las familias.

El sector solicitó a las autoridades bonaerenses una definición “con celeridad”. Según Zurita, “si no se efectiviza un aumento en los aranceles, muchas escuelas no podrán asegurar el pago de los haberes de marzo y abril”.

 Si bien la crisis afecta a todo el sector, las instituciones con menor porcentaje de subvención estatal son las que presentan una mayor vulnerabilidad ante la escalada de costos fijos.

A partir de abril se liquidará la "Compensación FONID/Conectividad" de $28.700, bajo la modalidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente, lo que representa un costo adicional directo en la liquidación de sueldos.

El pedido de aumento de aranceles se da en un escenario de extrema fragilidad para las familias bonaerenses. Como reveló recientemente el informe de la consultora Zentrix, el 56,4% de los hogares recurre al crédito para cubrir gastos básicos.

El aumento de las cuotas escolares se sumaría a la presión sobre el presupuesto familiar, que ya lidia con el salto del 486% en combustibles y la caída del poder adquisitivo que ha llevado el consumo de carne a pisos históricos.