La gestión de Axel Kicillof avanzó con la baja de la empresa de radares CECAITRA del registro de proveedores del sistema de fotomultas de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, lejos de ordenar el esquema, la decisión dejó al descubierto una trama más profunda de irregularidades, internas políticas y protección selectiva de actores clave.

El dato más explosivo surge de los formularios bajo análisis: el firmante del Formulario 02 es Federico Achával, intendente de Pilar. En dichos documentos se repite el mismo CBU con beneficiarios distintos. Además, entra en escena la Universidad de San Isidro, con la decana López —esposa del diputado Carusso—, todos vinculados en el entramado, tal como refieren recientes notas periodísticas.

Estas inconsistencias encendieron las alarmas dentro del Ministerio de Transporte, a cargo de Martín Marinucci, donde no descartan avanzar con una denuncia penal contra todos los involucrados en el posible hecho criminal, en caso de que ningún fiscal tome el caso de oficio.

La caída de CECAITRA no es un hecho aislado. Está directamente vinculada al escándalo en Pilar, donde el sistema de fotomultas operaba con la Universidad de San Isidro como soporte técnico a cambio de una tajada de la recaudación. Un esquema que, lejos de ser excepcional, se replicó en distintos municipios bajo estructuras opacas y con beneficiarios finales difíciles de identificar.

En ese contexto, la gestión de Martín Marinucci avanza selectivamente y deja un mensaje político claro: Achával queda arrinconado en medio del escándalo. Su proyección como precandidato a gobernador empieza a tambalear y, puertas adentro, ya hay quienes plantean que debería bajarse antes de que el costo político sea irreversible. Desde el ministerio hacen referencias a conductas impropias de “los mellis”, la dupla que asesora al intendente pilarense.

Las auditorías oficiales detectaron inconsistencias graves: diferencias en CBU, formularios sensibles fuera de circuito y una ingeniería de reparto de fondos que favorece a intermediarios por encima de los municipios.

En paralelo, emerge con fuerza la figura del empresario Leandro Camani, un hombre de negocios que viene denunciando sistemáticamente a competidores, así como a ex ministros y funcionarios del entorno de Kicillof. Su protagonismo crece al ritmo de las causas judiciales y su vínculo con el frente de disputa que involucra a Claudio “Chiqui” Tapia y la guerra desatada por el CEAMSE.

Cabe recordar que CECAITRA fue allanada el año pasado por el fiscal platense Álvaro Garganta, en el marco de la investigación impulsada por el propio Camani por supuestas ventajas administrativas durante la gestión del renunciado D’Onofrio. Asi mismo, se trata de la misma empresa que hizo una presentación judicial en la que menciona posibles vínculos de Camani con una banda narco rosarina, aunque eso nunca se ratificó ni avanzó.

Lo que empieza a quedar claro es que el gobernador recompone relaciones: hizo las paces con el empresario mediático mientras sostiene la estructura política de los aliados del Frente Renovador. La baja de CECAITRA aparece así más como un movimiento táctico en clave de proyección presidencial que como una depuración real del sistema.