Este martes 17 de marzo a las 11:00, la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia fue el escenario de un cara a cara inédito entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional.

Tras dos años de parálisis total en los giros de fondos, el máximo tribunal abrió una instancia de mediación para abordar la deuda que la ANSES mantiene con el Instituto de Previsión Social (IPS), una cifra que la gestión de Axel Kicillof ya estima por encima de los $2 billones.

La provincia de Buenos Aires es una de las 13 jurisdicciones que nunca transfirió su caja jubilatoria a la Nación. Por ley, el Estado nacional debe compensar el déficit de este sistema para que los jubilados bonaerenses no queden en desventaja frente a los del sistema nacional.

La deuda actualizada supera los $2 billones debido a que la administración de Javier Milei interrumpió el envío de los "doceavos" (cuotas mensuales) previstos por presupuesto.

Marina Moretti, titular del IPS, denunció que la Provincia ha tenido que “autopromocionarse” el financiamiento para evitar que los 374.000 beneficiarios dejen de cobrar, algo que calificó como un “ataque directo a los jubilados”.

La Corte Suprema ya ha convocado a audiencias similares a provincias como Chubut, Entre Ríos y Córdoba. En el caso de los entrerrianos, la Nación logró suspender la instancia judicial tras prometer un adelanto de $48.000 millones en ocho cuotas.

Sin embargo, para Buenos Aires el escenario es mucho más complejo: la magnitud de la deuda y la distancia política entre Kicillof y Milei hacen que un acuerdo "de palabra" parezca lejano.

Si no hay un acuerdo de conciliación en esta primera audiencia, la Corte podría avanzar hacia una medida cautelar que obligue a la Nación a reanudar los pagos mensuales mínimos mientras se discute el monto total de la deuda histórica.