La cuna de la democracia atraviesa una de sus crisis institucionales más agudas. En una sesión marcada por la controversia, el bloque opositor unificado (GEN-LLA-PRO-UCR) aprobó el Decreto 248/D, que modifica el Reglamento Interno y excluye de las comisiones de trabajo a la primera minoría, representada por el oficialismo local.

La movida, calificada por los concejales oficialistas como un “golpe institucional”, podría derivar en una parálisis total del cuerpo si interviene la Suprema Corte.

El oficialismo denunció que la oposición forzó la aprobación sobre tablas, omitiendo el artículo 137 del Reglamento, que exige un dictamen previo de la Comisión de Reglamento y Asuntos Legales para cualquier modificación normativa.

Desde el oficialismo sostienen que el decreto es nulo de nulidad absoluta, bajo el art. 195 de la Constitución Provincial y el 240 de la LOM, y que busca silenciar la voz de quienes representan a una parte sustancial del electorado.

Por su parte, desde la oposición argumentan que la mayoría de 10 concejales es suficiente para reordenar el funcionamiento del Concejo y “agilizar” la labor legislativa, aunque el costo sea la exclusión de la minoría de las presidencias y vocalías de comisiones.

Cruces y contradicciones: “radicales con peluca” y el factor Alfonsín

La jornada tuvo una carga simbólica particular: se celebraba el 99° natalicio de Raúl Alfonsín. La ironía de la fecha no pasó desapercibida para el oficialismo, que cuestionó el “rostro autoritario” de una oposición que, tras votar la exclusión de la minoría, pidió un cuarto intermedio para asistir a la misa en honor al padre de la democracia.

Fuentes locales apuntan a la secretaria Yamila Mekbel como la arquitecta de las desprolijidades administrativas que hoy ponen al Concejo al borde de un conflicto de poderes.

Ante la imposibilidad de consensuar, los 6 concejales oficialistas se retiraron del recinto para no convalidar la transgresión. El siguiente paso ya está trazado: la presentación ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires.

Si el máximo tribunal bonaerense toma el caso (bajo el art. 196 de la Constitución y el 261 de la LOM), podría suspender la aplicación del decreto hasta dictar sentencia definitiva, lo que dejaría al Concejo Deliberante de Chascomús virtualmente paralizado en un año clave de gestión.