El sistema universitario nacional ingresa en un escenario de parálisis casi total. Mientras que la federación nacional CONADU oficializó una semana de paro del 16 al 21 de marzo, los gremios de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) redoblaron la apuesta y definieron una huelga por tiempo indeterminado.

El motivo es el mismo: el incumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, una norma que el Congreso ratificó por dos tercios tras el veto de Javier Milei, pero que el Ejecutivo mantiene suspendida mediante el Decreto 795/2025.

Para los docentes, la situación salarial cruzó un límite tolerable. Según informaron desde AGD-UBA tras las asambleas en Medicina y Exactas, la deuda acumulada en términos de poder adquisitivo alcanza el 51%. “No volvemos a las aulas hasta que nos paguen lo que nos deben”, sentenciaron los delegados, advirtiendo que no iniciarán el cuatrimestre.

En lugar de aplicar la normativa vigente, el Ministerio de Capital Humano envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Financiamiento. Según el Ejecutivo, la norma actual no especifica el origen de los recursos y pone en riesgo el equilibrio fiscal. El nuevo proyecto oficial propone una actualización de partidas para gastos de funcionamiento según el IPC, paritarias trimestrales obligatorias y un incremento específico para hospitales universitarios de $80.000 millones.

Sin embargo, los gremios denuncian que este nuevo proyecto implica un recorte encubierto de $2,5 billones al no reconocer la deuda salarial acumulada en 2024 y 2025.