La pulseada por el costo de los combustibles en el partido de General Pueyrredón ha escalado a una instancia determinante. El dirigente libertario Guillermo Castello, ha intensificado su ofensiva contra lo que denomina la “voracidad fiscal” del intendente en uso de licencia,  Guillermo Montenegro y los sectores del oficialismo que incluyeron la renovación de la tasa vial en el presupuesto 2026.

Tras lograr un recurso extraordinario ante la Suprema Corte bonaerense, Castello busca que la justicia derogue un tributo que, según denuncia, funciona como un “impuesto encubierto” y viola preceptos constitucionales básicos.

La “cruzada” de Castello contra el impuesto al surtidor

Para Castello, la continuidad de la tasa que recarga el precio de los combustibles no es una cuestión técnica, sino de principios políticos.

El exlegislador sostiene que el municipio está aplicando una doble imposición, ya que el combustible ya se encuentra gravado por leyes nacionales. “Es un impuesto disfrazado de tasa porque no existe una contraprestación efectiva, individualizada y concreta”, ha reiterado en sus presentaciones.

Castello argumenta que el contribuyente paga por un servicio (el arreglo de calles) que muchas veces no recibe, o que incluso pagan quienes solo están de paso por la ciudad sin utilizar la red vial local de manera permanente.

En sus últimas declaraciones, el referente liberal fue tajante al señalar la contradicción dentro del espacio aliado al Gobierno nacional: “sigo reportando la voracidad fiscal de Montenegro y los concejales 'libertarios' marplatenses. En vez de bajar el gasto, la casta le roba $10.000 millones (proyectados incluso en $17.000 millones según el presupuesto 2026) a los ciudadanos”.

Para Castello, mantener este gravamen es “boicotear” el esfuerzo del gobierno de Javier Milei por bajar la inflación y reducir la presión impositiva.

La batalla judicial de Castello ha cobrado una relevancia que trasciende las fronteras de Mar del Plata. al haber conseguido que la Suprema Corte bonaerense acepte revisar la legalidad del tributo, se abre la posibilidad de un fallo que siente jurisprudencia para decenas de municipios bonaerenses que aplican tasas similares.

“Si la corte atiende el clima social, debería apurarse y tirar abajo no solo esta tasa vial, sino la infinidad de tasas absurdas que han proliferado en los últimos años”, señaló el exdiputado en diálogo con medios locales.