A menos de diez días del 2 de marzo, fecha prevista para el inicio del ciclo lectivo, la educación pública en la provincia de Buenos Aires se encuentra en un estado de máxima incertidumbre.

Por primera vez en seis años de gestión de Axel Kicillof, el comienzo de las clases corre riesgo real debido a un conflicto salarial que ha dejado a los maestros bonaerenses en la base de la pirámide de ingresos nacionales. Mientras otras jurisdicciones ya han superado el piso del millón de pesos, la provincia ofrece cifras que los gremios califican como “de subsistencia”.

La resolución del conflicto depende ahora de una nueva convocatoria de urgencia. Los sindicatos nucleados en el frente de unidad docente bonaerense (FUDB) mantienen las asambleas permanentes. De no mediar una mejora que acerque el salario neto al piso de las otras provincias, el ciclo lectivo 2026 podría comenzar con guardapolvos blancos en las calles en lugar de las aulas.

El  Gobierno provincial se encuentra en una encrucijada: ceder ante el reclamo docente para salvar su “récord” de inicios sin paros, o mantener la disciplina fiscal ante el recorte de fondos nacionales.

Una brecha salarial que castiga al territorio bonaerense

la comparación con los distritos vecinos y las grandes provincias del país expone la fragilidad de los haberes docentes en buenos aires. a pesar de ser el motor productivo del país, el esfuerzo presupuestario no se traduce en el bolsillo del maestro:

Esta disparidad se agrava al analizar el largo plazo: según datos del CGECSE, entre 2014 y 2025 el salario docente bonaerense acumuló una pérdida del 18% de su poder adquisitivo real. Es decir, el descontento actual no es solo por la paritaria 2026, sino por una década de retroceso sostenido en la capacidad de compra.

El efecto “fin de FONID” y la oferta del 4,5%

La asfixia financiera tiene un responsable compartido según la mirada provincial: la eliminación definitiva del fondo nacional de incentivo docente (FONID) por parte del gobierno nacional. Esta quita de recursos federales dejó a las provincias sin el "colchón" necesario para compensar la inflación, obligando a Kicillof a negociar con recursos propios en un contexto de caída de la recaudación.

En este escenario, la última oferta oficial consistió en un incremento de apenas el 4,5% acumulado para el inicio del año. La reacción fue unánime entre los sectores más combativos; la Federación de Educadores Bonaerenses rechazó de plano la propuesta por considerarla insuficiente y carente de cláusulas de actualización automática.