La ministra de seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, sumó este viernes un nuevo frente de conflicto tras la violenta jornada del pasado miércoles frente al Congreso.

El abogado Leonardo Martínez Herrero radicó una denuncia penal contra la funcionaria y los jefes de las cinco fuerzas de seguridad que integraron el operativo. La acusación central gira en torno al presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, bajo la sospecha de que se permitió actuar a grupos vandálicos para justificar la posterior represión.

El escrito de Martínez Herrero hace foco en un episodio específico registrado alrededor de las 15:30 hs, cuando la manifestación de la CGT transcurría con relativa calma. Según el letrado, un grupo de siete personas “perfectamente sincronizados” comenzó a atacar el vallado con piedras y bombas molotov sin que las fuerzas de seguridad intervinieran para detenerlos en flagrancia.

Guerra de denuncias: terrorismo vs. negligencia

Mientras Martínez Herrero busca que se investigue si hubo una zona liberada para permitir los incidentes, la ministra Monteoliva contraatacó con una estrategia legal propia. El gobierno nacional presentó una denuncia por terrorismo contra los 71 detenidos del miércoles, alegando que la violencia fue planificada para “alterar el orden constitucional”.

“Vamos a buscarlos uno por uno. Cometer actos de terrorismo ya no es gratis en Argentina”, sentenció la ministra a través de sus redes sociales. Sin embargo, el punto de tensión radica en que, a pesar de los 71 arrestos, el “grupo de los siete” que inició el ataque con molotovs aún no habría sido identificado ni detenido, lo que alimenta el argumento de la denuncia penal en su contra.