La bandera del ajuste y la promesa de terminar con la “casta” chocaron de frente con los tribunales. La Justicia federal procesó a Diego Spagnuolo, primer director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante el gobierno de Javier Milei, por una batería de delitos que incluyen cohecho activo, fraude al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.

La resolución fue firmada por el juez Sebastián Casanello y alcanza también a Daniel Garbellini, ex número dos del organismo, y a los empresarios Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, ambos vinculados al negocio de las droguerías y con antecedentes de participación en distintas gestiones políticas.

Según la investigación, Calvete y Atchabahian no eran simples proveedores. Para la Justicia, controlaban el funcionamiento de la ANDIS “desde afuera”, en coordinación directa con las autoridades formales del organismo. Un esquema aceitado que permitió manipular licitaciones, direccionar contratos e imponer precios artificialmente inflados, en perjuicio del Estado.

La "organizacion criminal"

El fallo es contundente. Casanello sostuvo que Spagnuolo fue uno de los jefes de una “organización criminal” que cooptó la agencia con un objetivo claro: convertir la política pública en un negocio privado. Sobornos, sobreprecios y contrataciones direccionadas aparecen como las piezas centrales del engranaje.

Lejos de tratarse de hechos aislados, el magistrado habló de un fenómeno más amplio. Durante los primeros meses de la administración libertaria, señaló, se montó “un entramado de corrupción institucional” con epicentro en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Funcionarios de máxima jerarquía y operadores externos, afirma la resolución, actuaron de manera coordinada, violando el interés público y utilizando al Estado como plataforma de enriquecimiento.

“La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización”, remarcó Casanello, en lo que representa uno de los golpes judiciales más duros al discurso anticorrupción del gobierno de Javier Milei.