Los trabajadores del hospital Garrahan se declararon en “estado de alerta máxima” tras conocerse que la instrucción sumariante solicitó la cesantía de 11 integrantes del equipo de salud y suspensiones de entre 10 y 20 días para otros 30 agentes.

Desde las juntas internas de ATE y la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), denunciaron que se trata de una “causa armada” con carácter represivo que busca criminalizar el derecho a la protesta tras las mejoras salariales conquistadas en 2025.

Además, cuestionaron al gobierno nacional por filtrar las sanciones, a través del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, antes de que los propios trabajadores fueran notificados, lo que para los gremios confirma que la decisión fue “digitada desde la casa rosada” como previa al tratamiento de la Reforma Laboral en el Congreso.

Radiografía de las sanciones en el Garrahan

El sumario administrativo apunta a desarticular la organización gremial interna del hospital. La tensión en el hospital pediátrico de referencia nacional escaló este último martes al conocerse el avance del sumario iniciado hace dos meses contra 41 trabajadores que participaron en las movilizaciones a la Dirección en rechazo a los descuentos por días de huelga.

Los referentes sindicales consideran que el pedido de despido es una represalia directa por haber “derrotado” la política salarial del Ejecutivo el año pasado, logrando una recomposición del 61%.

El conflicto en el Garrahan se convierte en un caso testigo de la resistencia gremial frente a lo que califican como un “revanchismo antiobrero” que busca disciplinar a los sectores que encabezan las luchas sectoriales.