El escenario judicial en La Plata ha sufrido un giro dramático tras las recientes revelaciones en la causa por presunta extorsión que involucra al dirigente de la Coalición Cívica, Matías Yofe.

Lo que comenzó como una investigación sobre el armado de denuncias en el ámbito del fútbol ha terminado impactando de lleno en el expediente de las fotomultas y la VTV en la provincia de Buenos Aires.

La destrucción de evidencia por parte de Yofe, quién arrojó al mar su celular, y los testimonios que describen un esquema de “venta de denuncias” ponen en duda la legitimidad de las acusaciones originales que salpicaron a funcionarios y empresarios, abriendo la puerta a posibles absoluciones y al archivo de las actuaciones.

El caso Yofe tomó dimensión pública luego de que custodios que lo acompañaban declararan ante la Justicia que el dirigente arrojó su teléfono celular al mar tras un allanamiento en su domicilio. Para la investigación, ese dispositivo podía contener comunicaciones relevantes sobre el armado de denuncias, contactos con empresarios y coordinaciones previas.

Además, el testimonio del periodista Claudio Gabriel Ponce de León resultó ser la pieza clave que conectó ambos mundos. Al describir el modus operandi de Yofe, mencionó de manera recurrente a Leandro Camani.

Se trata de un empresario vinculado al negocio de la seguridad vial y la Verificación Técnica Vehicular y una supuesta red de venta denuncias, contactos judiciales y testigos a cambio de contraprestaciones.

Bajo la lupa

Según la investigación, el vínculo entre el dirigente político y el empresario no era periférico: compartían reuniones frecuentes y hasta eventos sociales de alto perfil.

Esta cercanía reconfigura la lectura de las denuncias que Yofe impulsó contra figuras como el exministro de Transporte Jorge D’Onofrio y el juez de Garantías Juan Pablo Masi.

En los pasillos de los tribunales platenses, la sospecha es que las denuncias no buscaban justicia, sino que formaban parte de un engranaje de presión e intereses económicos cruzados.