La Fiscalía N°3 de Pilar, bajo la dirección de Germán Camafreitas, ha formalizado una denuncia ante el Colegio de Abogados de San Isidro contra la dirigente Elisa Carrió y la abogada Albana Zoppolo, tras los incidentes registrados durante el allanamiento a Matías Yofe, referente de la Coalición Cívica local investigado por extorsión agravada.

Según el informe fiscal elevado el pasado 6 de enero, lo que debía ser un procedimiento judicial de rutina derivó en un escenario de presiones directas hacia el fiscal.

El relato oficial describe llamados al teléfono personal del funcionario donde Carrió no solo cuestionó la calificación legal del delito, sino que habría proferido advertencias explícitas sobre represalias judiciales y mediáticas, asegurando que sería "despiadada" y que el fiscal "terminaría preso".

La causa por extorsión

Este hecho profundiza la crisis política en el distrito y coloca bajo la lupa el comportamiento ético de los profesionales del derecho involucrados.

Mientras la causa principal contra Yofe por extorsión continúa su curso, la elevación del informe al Tribunal de Disciplina busca determinar si existió una extralimitación en el ejercicio de la abogacía y una coacción agravada contra un funcionario público en pleno cumplimiento de sus deberes.

La situación judicial y política en la provincia de Buenos Aires presenta hoy un escenario fragmentado, donde la crispación parece ser el denominador común en distintos frentes:

El fiscal Camafreitas detalló una serie de comunicaciones persistentes a través de WhatsApp y llamadas que buscaron interferir en la logística del allanamiento.

La defensa de Yofe, por su parte, sostiene que el procedimiento presentó irregularidades, aunque la justicia ha decidido priorizar el análisis de las presuntas amenazas.