El inicio de 2026 trajo un nuevo capítulo de alta tensión entre la justicia bonaerense y la Coalición Cívica. La líder del espacio, Elisa Carrió, despertó su malestar con el Procurador bonaerense, Julio Conte Grand, en la causa donde se investiga una supuesta banda que se dedida a la extorsión y que involucra la investigación a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

El fiscal Germán Camafreitas presentó un informe detallado ante sus superiores donde denunció haber sido amenazado por Lilita Carrió durante el allanamiento al domicilio de Matías Yofe, dirigente del espacio en pilar investigado por presunta extorsión.

Según el relato del funcionario, Carrió, quien asumió la defensa técnica de Yofe, se comunicó telefónicamente el pasado 2 de enero para increparlo, asegurando que “iría en forma despiadada” contra él y que “terminaría preso”, en el marco de lo que la líder política califica como una “causa armada” por sectores vinculados al massismo y la AFA.

Carrió, antes del llamado a Camafreitas, se había comunicado con el Procurador bonaerense para evitar que el fiscal lleve adelante un allanamiento a la casa de Yofe. La controversia se originó tras el procedimiento policial en la vivienda del militante lilito, a quien se investiga por liderar una banda dedicada a extorsionar personas mediante denuncias judiciales.

De acuerdo con el expediente, Carrió vinculó el operativo con una supuesta represalia por denuncias previas que involucran al Sheraton y a figuras como Sergio Massa y Sebastián Galmarini.

Tras una serie de llamadas cruzadas donde alternó gritos con pedidos de disculpas, Carrió habría afirmado que la documentación buscada no estaba en poder de Yofe sino en el suyo, e incluso habría consultado irónicamente si su propio domicilio sería allanado, manifestando que le "servía" que su defendido quedara detenido para convertirlo en un "héroe nacional".