El inicio de 2026 está marcado por una de las crisis diplomáticas y militares más graves de la historia reciente de Latinoamérica.

El pasado sábado 3 de enero, fuerzas militares de estados unidos llevaron a cabo la “operación lanza del sur”, un ataque a escala contra objetivos estratégicos en caracas que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Mientras Donald Trump celebró la acción como un acto de “justicia contra el narcoterrorismo” y anunció que Estados Unidos dirigirá la transición, organizaciones sociales y gremiales de argentina lanzaron un duro repudio, denunciando una “invasión criminal” y una violación flagrante de la soberanía regional.

La operación militar, que incluyó bombardeos de precisión en la madrugada del sábado, provocó explosiones en zonas civiles y el colapso de servicios críticos como la electricidad en Fuerte Tiuna y el Aeropuerto de Higuerote.

En Argentina, el presidente Javier Milei celebró abiertamente la caída de Maduro, calificándola como un "nuevo renacer de la libertad" y alineándose de forma absoluta con la Casa Blanca.

Los reclamos de organizaciones sociales

Esta postura generó una reacción inmediata de un amplio espectro de organizaciones de derechos humanos, centrales obreras como la CTA Autónoma y gremios como CLATE, quienes este lunes firmaron una declaración de urgencia.

En el texto, acusan al gobierno argentino de complicidad por avalar lo que consideran un "saqueo de recursos naturales" bajo la máscara de una intervención democrática.

Las organizaciones exigen la liberación inmediata de Maduro, el retiro de las tropas del Caribe y advierten que este precedente rompe con la tradición de "zona de paz" de América Latina, poniendo a todo el continente bajo la lógica de la Doctrina Monroe.