El allanamiento al domicilio del dirigente de la Coalición Cívica Matías Yofe marcó un punto de inflexión en una causa que venía moviéndose en voz baja, pero que ahora empieza a generar ruido en el plano político y, sobre todo, en sectores del empresariado. Durante el procedimiento, ordenado por la Justicia bonaerense, se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y material digital, elementos que deberán ser sometidos a pericias.

Más allá del encuadre formal del expediente, el foco dejó rápidamente de estar puesto solo en Yofe y se trasladó al contenido de los dispositivos incautados, que según fuentes al tanto de la investigación incluirían conversaciones, registros de transferencias bancarias y correos electrónicos sensibles. Ese escenario activó señales de alarma en distintos actores que hasta ahora se movían fuera del radar público.

En el centro de esas preocupaciones aparece el empresario Leandro Camani, cuyo nombre comenzó a circular con fuerza en las horas posteriores al allanamiento.

De acuerdo a información que manejan fuentes judiciales y políticas, Camani estaría realizando llamados a operadores del sistema judicial con el objetivo de frenar o, al menos, negociar el alcance de las pericias sobre los dispositivos secuestrados.

Camani es uno de los denunciantes en las causas de las fotomultas y del sistema de VTV, aunque también aparece cuestionado por ser parte del propio esquema pese a haberse presentado como damnificado.

La Justicia le rechazó su presentación, pero fuentes cercanas a las investigaciones reconocen que muchos de los elementos presentados por Yofe ante la Justicia parecen de puño y letra del propio Camani.

En paralelo, el expediente empezó a leerse en clave política. Según versiones que circulan en ámbitos legislativos y judiciales, Yofe y el diputado bonaerense Luciano Bugallo impulsaron el Jury contra el juez Juan Pablo Masi como una maniobra destinada a cuidar a Camani.

La inquietud del empresario, señalan las fuentes, es que el avance de la causa y las pericias sobre los dispositivos secuestrados puedan dejar expuesta alguna influencia directa suya dentro de ese entramado judicial y político, con derivaciones que podrían escalar a niveles superiores vinculados al universo de Sergio Massa.

La preocupación se habría profundizado tras una serie de llamados desesperados. Fuentes del sistema judicial aseguran que Pablo Aribe contactó de urgencia a un operador judicial tras el allanamiento al entorno de Yofe; luego habría hablado personalmente con Camani. En esa secuencia, se suman versiones sobre gestiones de Juan Zabaleta, quien también estaría realizando llamados a la Justicia. Zabaleta aparece mencionado en la causa de Tres de Febrero y, según las mismas fuentes, estaría preocupado por eventuales vínculos derivados de la cesión de parte de la recaudación a un particular, un esquema que hoy quedaría bajo la lupa si las pericias avanzan.

“El problema no es el allanamiento, es la pericia”, resumió una fuente con conocimiento del expediente. Cuando un teléfono entra en análisis técnico, coinciden, ya no hay margen para controlar el daño político.

En ese contexto también se menciona la intervención de abogados vinculados a empresas del sistema de radares de fotomultas, que se estarían moviendo en paralelo para intentar contener el impacto judicial. El clima, según describen quienes siguen el caso de cerca, es de máxima tensión, ante la posibilidad de que el material secuestrado revele una trama más amplia de relaciones políticas, financieras y operativas.