El centro de excombatientes de Islas Malvinas (CECIM) La Plata envió una carta documento al presidente Javier Milei, intimándolo a retractarse públicamente en un plazo de 24 horas por sus recientes declaraciones al diario británico The Telegraph.

La organización considera que los dichos del mandatario, quien supeditó la recuperación de las islas al “deseo” de los habitantes, violan la Constitución Nacional, deshonran la memoria de los caídos y configuran el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y traición a la patria.

La polémica estalló tras la publicación de una entrevista el pasado 29 de diciembre, donde el presidente Milei ratificó que el reclamo de soberanía es “innegociable” pero adelantó que buscará un acuerdo que incluya el consentimiento de los isleños, confirmando además un viaje oficial a Londres para este 2026.

Para el CECIM La Plata, presidido por Rodolfo Carrizo, estas expresiones dinamitan el histórico posicionamiento diplomático de Argentina y contradicen la Disposición Transitoria Primera de la Carta Magna, la cual establece que la recuperación de los territorios usurpados es un objetivo permanente pero exhorta únicamente a respetar el “modo de vida” de los isleños, no su voluntad política o deseos.

La entidad advirtió que, de no mediar una rectificación inmediata, avanzará con una denuncia penal bajo el argumento de que el jefe de Estado está actuando de forma funcional a la estrategia del Foreign Office británico.

 

 

 

 

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Una publicación compartida por Jerónimo Guerrero Iraola (@jerogi)

Este enfrentamiento legal se suma a una serie de tensiones acumuladas durante 2025, año en que otras agrupaciones de veteranos ya habían radicado denuncias similares ante la justicia federal por la postura del Ejecutivo respecto a la autodeterminación.

Desde el CECIM subrayan que condicionar la soberanía a la aceptación de una “población implantada” ignora resoluciones clave de las Naciones Unidas, como la Resolución 2065, que define la situación como un caso de colonialismo.

Mientras la Casa Rosada defiende este enfoque como una “normalización de relaciones” necesaria para destrabar embargos de armas y fomentar el comercio, el sector de los excombatientes sostiene que el silencio o la ratificación de estos conceptos constituye una “tacha de infamia” que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad territorial del Atlántico Sur.