Los cruces por las tres designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN), votadas por la Cámara de Diputados durante la madrugada del 18 de diciembre en pleno debate del Presupuesto 2026, escalaron en las últimas horas y terminaron de romper el delicado equilibrio entre el PRO y La Libertad Avanza.

Con un comunicado de alto voltaje, el bloque que responde a Mauricio Macri acusó al oficialismo libertario de haber sellado un entendimiento previo con el kirchnerismo y con Diputados de Innovación Federal, lo que, según sostienen, dejó al PRO completamente fuera de cualquier margen de incidencia real.

“El resultado estaba definido de antemano y no dependía matemáticamente de la presencia o el voto del PRO”, afirmaron desde el macrismo, al remarcar que la votación se aprobó con 189 votos, muy por encima de los tres cuartos necesarios.

En ese marco, el PRO defendió su retiro del recinto y rechazó las acusaciones de haber facilitado la sesión. “Nunca vamos a convalidar la ilegalidad”, subrayaron, y advirtieron que permanecer en las bancas hubiera implicado legitimar un procedimiento que consideran inconstitucional.

Votación exprés, madrugada y fuera del temario

Desde el macrismo insistieron en que la maniobra se concretó de madrugada, sin debate previo ni transparencia, y sobre un tema que no estaba habilitado en la convocatoria a sesiones extraordinarias.

Según el comunicado, el procedimiento vulneró el artículo 63 de la Constitución Nacional, que limita la posibilidad de incorporar temas no incluidos en el decreto del Poder Ejecutivo. Para el PRO, se trató de una jugada “a espaldas de la sociedad” para cerrar un reparto de cargos clave.

El reparto que detonó la crisis

La controversia se activó tras la designación de tres nuevos auditores: Rita Mónica Almada, por La Libertad Avanza; Juan Ignacio Forlón, por el peronismo; y Pamela Calletti, exdiputada con vínculos políticos con el gobernador salteño Gustavo Sáenz.

La intención inicial era que los siete auditores que debe nombrar el Congreso asumieran en un acto conjunto. Sin embargo, el choque entre el PRO y el oficialismo aceleró los tiempos y terminó de empujar el conflicto hacia la judicialización.

Ante versiones periodísticas que sugieren que el Bloque PRO facilitó la votación de auditores de la AGN, nos vemos en la obligación de realizar estas aclaraciones. pic.twitter.com/Fsy88Fy6xt

— PRO Diputados (@prodiputados) December 28, 2025

El conflicto llega a la Justicia

El amparo presentado ante la Justicia solicita que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución, que se dicte una medida cautelar urgente para impedir que los auditores designados asuman o actúen hasta que exista una sentencia definitiva, y que se restituya el estado institucional previo al acto cuestionado.

Por último, el PRO buscó despejar lecturas partidarias y planteó el reclamo como una defensa institucional. “No se trata de una discusión política ni de nombres propios. Se trata de defender la Constitución, la transparencia y el funcionamiento republicano de las instituciones”.