El debate legislativo en torno al Presupuesto 2026 ha ingresado en una fase crítica tras su llegada al Senado, situando a la educación técnica en el epicentro de una disputa que trasciende lo educativo para convertirse en un dilema político y económico. 

El foco de la tensión se concentra en el artículo 30 del proyecto, una propuesta que busca eliminar los pisos mínimos de inversión destinados a sectores estratégicos como Ciencia, Tecnología, Defensa y, fundamentalmente, Educación. 

Esta medida implicaría desarticular las garantías legales que hoy obligan al Estado a destinar porcentajes específicos del PBI y del gasto público a estas áreas, incluyendo el 0,2% del presupuesto educativo que por ley corresponde exclusivamente a la formación técnico-profesional.

La preocupación de la oposición y de diversos referentes del sector radica en que esta desregulación financiera podría dejar al sistema sin recursos básicos para su funcionamiento. 

Existe una correlación directa entre el fortalecimiento de estas instituciones y el desarrollo industrial del país, señalando que la falta de financiamiento suele ser la antesala de procesos de desindustrialización que afectan directamente al modelo productivo nacional.

El escenario en la Cámara Alta es de una incertidumbre creciente, ya que si los senadores logran imponer modificaciones para proteger estos fondos, el proyecto deberá retornar a Diputados. 

Con el calendario legislativo llegando a su fin y los plazos al límite, este movimiento técnico podría estancar la sanción de la ley de leyes, dejando al gobierno de Javier Milei sin su principal herramienta de gestión económica para el próximo año. 

Así, lo que comenzó como un reclamo sectorial por los talleres y laboratorios de las escuelas técnicas se ha transformado hoy en el principal obstáculo político que podría frenar la aprobación del presupuesto nacional.