El conflicto escala en un momento de máxima polarización ideológica entre la gestión de Axel Kicillof y la Casa Rosada. Para el ministro de Trabajo, Walter Correa, la entrega de este ejemplar durante la reunión de fin de año en Olivos no es un gesto azaroso, sino que se alinea con declaraciones previas del oficialismo, como las del diputado Benegas Lynch sobre la libertad de no enviar a los hijos al colegio para que trabajen en talleres.

A través de un organismo, el Gobierno provincial calificó como “inadmisible” la difusión de una obra que, en su capítulo 8, reivindica al empleador de niños como un “benefactor social”, alertando sobre el intento de naturalizar la vulneración de derechos fundamentales bajo la excusa de una “batalla cultural”.

Desde la Provincia remarcaron que el trabajo infantil es un delito tipificado en la legislación nacional y provincial, además de estar prohibido por los convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cuales poseen jerarquía constitucional en Argentina.

El comunicado de COPRETI subraya que estos derechos no son objeto de debate teórico ni de “opinión”, sino compromisos internacionales que el Estado Nacional está obligado a cumplir y proteger, independientemente del posicionamiento económico de sus funcionarios.

En nombre de la COPRETI, dependiente de @TrabajoPBA, y como presidente, repudio cualquier intento de legitimar el trabajo infantil.
Estas posturas avalan la vulneración de derechos consagrados en el ámbito nacional e internacional. pic.twitter.com/bndaqaBUHi

— Walter Correa (@waltercorreaok) December 24, 2025

La postura de la Provincia de Buenos Aires busca blindar los consensos democráticos alcanzados tras décadas de lucha social y jurídica. El organismo advirtió que relativizar la explotación infantil bajo una supuesta defensa de la libertad económica constituye un retroceso civilizatorio que afecta principalmente a las familias en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, la gestión bonaerense ratificó que continuará profundizando las inspecciones y los programas de protección integral, contraponiendo la “soberanía de derechos” frente a lo que consideran una “estrategia de exclusión” impulsada desde el Ejecutivo Nacional.