La sesión, presidida por Victoria Villarruel, se desarrolla bajo la presión del reloj: cualquier modificación en el articulado obligaría al proyecto a regresar a la Cámara de Diputados, con el riesgo de que los plazos de las sesiones extraordinarias expiren el próximo 30 de diciembre.

El oficialismo busca dar sanción definitiva al presupuesto 2026 y a la denominada ley de inocencia fiscal, en un escenario de paridad extrema donde el artículo 30, que elimina pisos de financiamiento educativo y científico, actúa como el principal foco de resistencia de los bloques dialoguistas y gobernadores.

La Libertad Avanza confía en alcanzar los 37 votos necesarios para la aprobación general, apoyándose en aliados del PRO y sectores del peronismo vinculados a gobernadores como Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Sin embargo, el “poroteo” en particular es incierto; senadores de la UCR y de bloques provinciales han manifestado su rechazo a la derogación de la Ley de Educación Nacional y el desfinanciamiento del Fondo Nacional de Defensa (FONDEF), lo que podría forzar cambios de último momento.

El proyecto enviado por el Ejecutivo establece parámetros ambiciosos que buscan consolidar la estabilidad financiera, aunque enfrentan el escepticismo de la oposición por su rigidez técnica.

Se proyecta una suba del 5,4% del PBI y una inflación anual del 10,1%. Además, el Gobierno prevé un dólar a $1.423 para diciembre de 2026, una cifra que implicaría una apreciación del peso respecto a los valores actuales del mercado.

En paralelo, el Senado trata la Ley de Inocencia Fiscal, un paquete de reformas que busca simplificar la relación entre el contribuyente y el Estado. Entre sus puntos centrales destaca la modificación del Régimen Penal Tributario, elevando sustancialmente los montos mínimos para la punibilidad de delitos fiscales (por ejemplo, elevando el umbral de evasión simple de 1,5 millones a 100 millones).

Además, se debate la creación de un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias para patrimonios de hasta 10.000 millones, buscando blindar a los contribuyentes que adhieran contra futuras revisiones retroactivas, en un intento por atraer capitales al sistema formal tras el cierre del blanqueo.