La diputada nacional Lilia Lemoine quedó en el centro de una fuerte polémica luego de burlarse de los vuelos de la muerte, uno de los crímenes más aberrantes cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Familiares de víctimas reclamaron su expulsión inmediata del Congreso y anunciaron una denuncia penal.

El episodio ocurrió durante el programa FDC, emitido por el canal Ánima Digital y conducido por el abogado Alejandro Sarubbi Benítez. Allí, el panelista Rino Gammariello se mofó de las víctimas de los vuelos de la muerte y de Santiago Maldonado, comentarios a los que la legisladora libertaria se sumó entre risas.

“Con lo único que les va mal es con el agua: cuando van a las marchas los bañan; si los tiran de los aviones no saben nadar”, dijo Gammariello, sin que Lemoine mostrara objeción alguna.

Frente a estos dichos, la agrupación Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz expresó su repudio y advirtió que las declaraciones violan el artículo 213 del Código Penal, por lo que avanzarán con una denuncia judicial. Además, exigieron que la Cámara de Diputados active los mecanismos institucionales para expulsar a la legisladora.

“Quienes banalizan el horror y justifican la represión se colocan deliberadamente del lado más oscuro de nuestra historia”, señalaron. Y agregaron: “Estas declaraciones constituyen una apología del terrorismo de Estado y un desprecio profundo por el dolor de las víctimas y del pueblo argentino”.

 

 

 

 

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Crímen de lesa humanidad

Los 12 de la Santa Cruz, entre quienes se encontraban Azucena Villaflor, Esther Ballestrino, María Eugenia Ponce, y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, fueron secuestrados en diciembre de 1977 tras la infiltración de Alfredo Astiz.

Luego de ser torturadas en la ESMA, las mujeres fueron arrojadas vivas al mar desde un avión de Prefectura la noche del 14 de diciembre de 1977. Los hechos fueron acreditados por el Tribunal Oral Federal N°5, que reconstruyó el operativo a partir del hallazgo de la aeronave y la identificación de los cuerpos.

El episodio vuelve a poner en discusión los límites del discurso negacionista dentro del Congreso y la falta de sanciones políticas frente a expresiones que reivindican o banalizan los crímenes de lesa humanidad.