La tensión interna en el peronismo bonaerense se trasladó con fuerza al Senado provincial. El bloque oficialista, que ostenta mayoría y quórum propio, acusó a la presidencia de la Cámara de una "falta administrativa" y una "claudicación" ante el mandato popular por la falta de convocatoria a sesionar.

Según los legisladores, el calendario legislativo está al límite: si los proyectos PE 1 24/25 (Laboratorio Estatal) y PE 2 24/25 (Emergencias Médicas) no se tratan antes de fin de año, caducarán por el Artículo 138 del Reglamento, obligando a reiniciar un proceso que ya cuenta con media sanción de Diputados.

Sin embargo, el punto de fondo está en la designación de autoridades de la Cámara de Senadores que viene exigiendo La Cámpora y por la cual presionan a Verónica Magario.

El reclamo no es solo legislativo, sino también operativo; denuncian que los secretarios Administrativo y Legislativo tienen sus mandatos vencidos y les exigen abstenerse de realizar actos administrativos bajo amenaza de denuncias penales por usurpación de títulos y honores.

El tema cobra sensibilidad porque denuncian, además, inconvenientes por las licencias otorgadas a los senadores Gabriel Katopodis (UP) y Diego Valenzuela (LLA) por tratarse de un voto con una conformación de la Cámara no habilitada para votar.

El bloque exige la elección de nuevas autoridades para "salvaguardar la continuidad administrativa", un punto que ha sido el eje de la disputa con La Cámpora por el control de la caja y la firma del Senado.

Además, la nota enviada a Magario pone el foco en una situación irregular, la caducidad de los mandatos de los secretarios. Según el cristinismo, cualquier acto administrativo firmado por las actuales autoridades operativas carecería de validez legal si no se regulariza su situación mediante el voto del Cuerpo.

Esta parálisis no solo afecta la sanción de leyes, sino que pone en riesgo el pago de salarios y la gestión de contratos dentro de la Cámara Alta. Al intimar a la vicegobernadora, los senadores buscan forzar una salida política que permita cerrar el año con las leyes de salud aprobadas.