La situación en el partido de 9 de Julio, en la Cuarta Sección bonaerense, es crítica. 

A pesar de los anuncios oficiales realizados meses atrás por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y las gestiones ante el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, la ayuda nacional llega a cuentagotas o, en muchos casos, simplemente no aparece. 

Gentile participó de una reunión clave con Iraeta y las principales entidades rurales (CARBAP, Sociedad Rural, Coninagro y Federación Agraria) para exponer un panorama alarmante: la ayuda económica de $170 millones comprometida para la emergencia aún no fue depositada en las arcas municipales. 

En paralelo, la intendenta denunció una retirada estratégica de Vialidad Nacional: de las diez máquinas viales que inicialmente se habían destinado a la zona para reparar la red vial colapsada, hoy solo quedan cinco operativas, muchas de las cuales han trabajado de manera intermitente, dejando obras de escurrimiento e infraestructura inconclusas.

El malestar en el sector agropecuario ha ido en aumento, llegando incluso a manifestaciones con quema de neumáticos frente al Palacio Municipal semanas atrás. Los productores denuncian que la falta de mantenimiento en los caminos rurales no solo impide la circulación diaria, sino que pone en riesgo la producción de la zona núcleo.

Si bien el Banco Nación habilitó líneas de crédito con tasas del 30% y periodos de gracia, desde el municipio y las entidades del campo sostienen que estas herramientas son insuficientes y no reemplazan la necesidad de una asistencia directa y urgente. 

Gentile advirtió que el tiempo para las reparaciones es limitado antes de que el ciclo de lluvias estivales vuelva a saturar los suelos, lo que podría derivar en una catástrofe productiva mayor para el año 2026.

El reclamo de Gentile se da en un marco de máxima tensión entre el PRO y La Libertad Avanza. La reciente designación de los tres auditores de la Cámara de Diputados en la AGN (Rita Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Calletti), realizada durante la madrugada del 18 de diciembre con el apoyo de Unión por la Patria y el oficialismo, fue calificada por el jefe del bloque amarillo, Cristian Ritondo, como una traición al acuerdo político previo.

Esta ruptura de confianza en el nivel parlamentario nacional repercute directamente en la gestión de los intendentes "amarillos" de la provincia de Buenos Aires, quienes ven cómo los canales de negociación por fondos y obras públicas se cierran o se demoran, dejando a distritos como 9 de Julio en una vulnerabilidad extrema frente a contingencias climáticas.