El bloque de diputados del PRO presentó un recurso de amparo ante la Justicia para frenar la designación de tres auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN), aprobada por la Cámara de Diputados durante la madrugada del 18 de diciembre.

La presentación lleva la firma del presidente del bloque, Cristian Ritondo, quien sostiene que la resolución 7018-D-2025 fue “abiertamente inconstitucional” y vulneró los procedimientos parlamentarios básicos.

Una moción sorpresiva

Según el escrito judicial, a las 02:55 de la madrugada el diputado Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de La Libertad Avanza, tomó la palabra e impulsó una moción inesperada para avanzar con las designaciones.

Desde el PRO señalan que Bornoroni formuló la moción sin especificar su contenido, sin solicitar el apartamiento del reglamento y sin cumplir los pasos formales requeridos.

Además, el bloque amarillo remarcó que durante las sesiones extraordinarias el Congreso no puede incorporar temas por iniciativa propia, ya que el temario es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo, establecida en el decreto de convocatoria.

Falta de transparencia

El amparo presentado por el macrismo hace hincapié en la ausencia total de instancias reglamentarias. La votación se realizó sin dictamen de comisión, sin debate parlamentario, sin tratamiento previo en Labor Parlamentaria y sin información pública suficiente.

Para el PRO, el procedimiento vulneró principios básicos de transparencia y legalidad en la designación de autoridades del organismo de control.

El trasfondo político

La maniobra se produjo en un contexto de negociaciones intensas por la media sanción del Presupuesto 2026 impulsado por el gobierno de Javier Milei, que fue aprobada la semana pasada y ahora deberá ser tratada por el Senado.

Sin embargo, mientras se cerraban acuerdos para garantizar los votos necesarios, La Libertad Avanza avanzó con una jugada nocturna que terminó por fracturar su vínculo con uno de sus principales aliados legislativos.

Durante esa misma madrugada, el oficialismo selló un acuerdo para designar a Rita Mónica Almada, vinculada a La Libertad Avanza; al kirchnerista Juan Ignacio Forlón; y a Cinthia Pamela Calletti, cercana al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

El PRO, afuera del reparto

Desde el macrismo sostienen que el acuerdo fue cerrado entre el presidente de la Cámara, Martín Menem, el diputado Máximo Kirchner y gobernadores del norte del país, dejando al PRO completamente marginado de la distribución de cargos en la AGN. En el bloque amarillo reconocen que esperaban que el ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, fuera uno de los nombres designados.

Así las cosas, la decisión de judicializar el conflicto abre un nuevo frente para el Gobierno nacional, que logró aprobar el Presupuesto, pero a costa de profundizar la tensión con un aliado clave en el Congreso.