La alianza legislativa que sostenía al oficialismo sufrió su fractura más grave este jueves en la Cámara de Diputados.

El presidente del cuerpo, Martín Menem, selló un pacto con Unión por la Patria y los bloques provinciales de Salta y Misiones (Innovación Federal) para designar a los tres nuevos auditores de la AGN por un mandato de ocho años.

Los beneficiarios del acuerdo fueron Mónica Almada (cercana a Lule Menem), el kirchnerista Juan Ignacio Forón (ligado a Máximo Kirchner) y la exdiputada Pamela Caletti (referente del gobernador salteño Gustavo Sáenz).

Esta maniobra rompió los “usos y costumbres” parlamentarios que otorgaban esos espacios a las minorías con mayor representación, dejando en el camino las candidaturas de Mario Negri (UCR), Jorge Triaca (PRO) y Emilio Monzó (Provincias Unidas).

La reacción del PRO fue inmediata y virulenta. Desde su banca, un enfurecido Cristian Ritondo acusó a La Libertad Avanza de una “falta de códigos” y de romper compromisos asumidos previamente.

El jefe del bloque amarillo advirtió que la votación es nula por dos razones centrales: primero, porque la designación de auditores no estaba incluida en el temario de sesiones extraordinarias convocado por el Poder Ejecutivo; y segundo, porque la AGN es un órgano extrapoder cuya conformación no es una cuestión meramente interna del Legislativo.

“Vamos a ir a la Justicia para declararlo inconstitucional”, sentenció Ritondo, señalando que el propio equipo jurídico de Menem había emitido informes previos advirtiendo sobre la ilegalidad de esta movida.

Esta ruptura pone en duda la gobernabilidad futura de Javier Milei en el Congreso, ya que el PRO y la UCR —bloques que venían garantizando el cuórum y las leyes al gobierno— se sienten traicionados por un oficialismo que prefirió negociar cargos estratégicos de control con el kirchnerismo.