El diputado nacional y exministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, desató una fuerte polémica al denunciar que desde el propio Congreso de la Nación se está impulsando el movimiento antivacunas, mientras que el Poder Judicial juega políticamente en contra de la provincia.

En diálogo con Diagonal a Contramano, Gollán calificó como “inadmisible” que la máxima institución legislativa del país, con la protección del Presidente de la Cámara de Diputados, brinde espacio a grupos que promueven la no vacunación.

“Desde el Congreso de la Nación se hace un evento en donde se promueve la no vacunación, el no cumplimiento de la ley de inmunización en la Argentina. Es un delito, pero bueno, como tantos otros, que son leyes en flagrancia”, sentenció el referente sanitario.  

El legislador señaló que estas acciones equivalen a “llamar a violar una ley” y alertó sobre las consecuencias sociales de la postura individualista: “la vida en sociedad requiere que los derechos individuales a veces se relativicen”. Subrayó que la vacunación no es una protección individual, sino un acto que evita contagiar a otros.

Gollán relató que, en el marco de este evento, se produjeron agresiones en las afueras del recinto contra “vacunadores y vacunadoras” que portaban su indumentaria, sin que la seguridad hiciera “nada para evitar esto”. Atribuyó esta falta de acción a que el evento era “propiciado por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación”.

Un ataque sistemático a Buenos Aires

En otro orden, Gollán vinculó el accionar institucional al “ataque sistemático del gobierno nacional” contra la provincia de Buenos Aires. El diputado reiteró la denuncia de Axel Kicillof, afirmando que el gobierno nacional le “ha robado 12,9 billones de pesos” a los bonaerenses en dos años, incumpliendo la ley al no transferir los recursos correspondientes.

Gollán fue extremadamente crítico con el Poder Judicial al señalar que, si bien la provincia presentó múltiples reclamos, la Suprema Corte está haciendo “oídos sordos” al reclamo bonaerense mientras atiende los de otras provincias. Sentenció que la Corte “está subordinada absolutamente al poder político, es una Corte política y que actúa políticamente con todos sus fallos en estos días”.