El Gobierno nacional, envalentonado por los resultados de las elecciones de octubre, planea profundizar su política de ajuste y "motosierra" en 2026, lo que incluye una nueva ola de despidos en la administración pública que podría alcanzar al 10% del personal.

El plan de reducción estaría a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La reducción del 10% de la planta estatal significaría el despido de aproximadamente 28.000 trabajadores.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei hasta octubre de 2025, la administración libertaria ya despidió a 60.784 trabajadores estatales, lo que equivale a más de 83 personas por día.

Las nuevas cesantías apuntarían principalmente a los organismos descentralizados del Estado, entre los que se mencionan la Oficina Anticorrupción, el INDEC, el CONICET, CONEAU, ARCA, Archivo General de la Nación, ANSES, CONADIS, ENARGAS, ENRE, INTA, INTI y ENACOM.

En ese marco, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ya elabora un plan de lucha y evalúa adelantar un paro nacional, definido inicialmente para el día que se trate la reforma laboral en el Congreso. La medida de fuerza había sido acordada en el Confederal del sindicato, que reunió a las 24 provincias y 191 seccionales.

Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, fue categórico en su rechazo al plan. Calificó a Sturzenegger como “un ser siniestro que viene por nosotros”, advirtiendo que “el sector público no resiste más ajustes”.

Aguiar aseguró que el Gobierno "miente" y que el ajuste “es ideológico”, no presupuestario, ya que los trabajadores contratados representan menos del 0,5% del presupuesto, mientras la deuda externa supera el 25%.

Concluyó que el verdadero objetivo no es destruir el Estado, sino “moldear un Estado distinto, que garantice solo los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales”, señalando que la máxima autoridad laboral está en manos del equipo jurídico de Techint.