El Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de San Luis ha emitido una resolución que, si bien buscaria sancionar una supuesta mala fe procesal, podría sentar un precedente polémico por la naturaleza de la pena impuesta y su alcance. Tras analizar la conducta de los abogados denunciantes, el Jurado desestimó la acusación contra una fiscal por considerarla infundada y aplicó la sanción de arresto.

La fiscal interina, nombrada por el gobernador Claudio Poggi, Dra. Paola Susana Giannini, recurrió al Artículo 29 de la Ley de Jurado de Enjuiciamiento, bucaría aplicar arresto por un máximo de cinco días a quienes presenten denuncias maliciosas o carentes de sustento. 

La controversia radica en que el Jurado, cuya principal y única función es determinar si corresponde o no la destitución de un magistrado o fiscal, ha avanzado sobre la libertad de los ciudadanos (los abogados) e impuso una sanción que le es ajena. La sanción penal, aunque sea domiciliario, es una materia que típicamente corresponde a los jueces penales, no a un cuerpo de impeachment.

Especialistas aclaran que el fallo de la fiscal intenta disciplinar a los abogados para que corran al ritmo de las definiciones políticas del gobernador Poggi. 

Los abogados Scarso, Varela y De Pascuale deberán cumplir 12 horas de arresto domiciliario (8 a 20 horas del 27 de noviembre), y el Jurado dispuso además dos medidas que señalan una posible extralimitación. 

Por un lado, se ordenó oficiar al Instituto Provincial de Reinserción Social para supervisar el cumplimiento de la sanción. Este organismo suele intervenir en casos de condenas penales, no en sanciones administrativas impuestas por un Jurado.

Además, se ordenó comunicar la medida al Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia. Esta decisión, que implica una potencial apertura de un proceso disciplinario en el Colegio, fue justamente el punto de disidencia parcial del miembro Mauricio Secundino Daract, quien consideró que el Jurado se entrometía en asuntos que competen exclusivamente a la colegiación profesional.

La decisión final, aunque basada en una ley específica, genera inquietud sobre la frontera de competencias del Jurado de Enjuiciamiento, que termina inmiscuyéndose en la esfera penal y en la autonomía profesional de los denunciantes.

Giannini es una fiscal que fue parte del sistema judicial que impuso el actual gobernador puntano para “perseguir” a los opositores. Su tarea fue agarrar las denuncias que no tenían consistencia jurídica y desestimadas por otras fiscalías y que recaían principalmente contra dirigentes cercanos a Alberto Rodríguez Saá.