La CGT mantuvo este miércoles un encuentro clave con la Confederación General Empresaria (CGERA) en su histórica sede de Azopardo, con el objetivo de unificar posiciones frente a la reforma laboral que el Ejecutivo prepara para enviar al Congreso.

En medio de un clima de tensión creciente con el gobierno de Javier Milei, la conducción cegetista busca consolidar una interlocución directa con el sector pyme, el más golpeado por la recesión y los cierres empresariales.

En ese marco, el secretario general Jorge Sola advirtió que “el Gobierno invierte el orden de prioridades” y reclamó que el oficialismo reduzca la presión fiscal antes de discutir cambios en las normas laborales.

Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y mayo de 2025 se registraron 15.564 cierres, el 99,7% de compañías con menos de 50 trabajadores. Las mediciones privadas exhiben números igual de críticos y refuerzan la preocupación del entramado productivo.

CGERA arribó a la reunión con una agenda que incluye competitividad, presión impositiva, logística e importaciones, ejes que consideran fundamentales para evitar nuevas bajas.

Las cámaras que integran el convenio pyme buscan acordar una postura común frente a cualquier reforma que afecte la actividad industrial o el empleo.

La cúpula sindical, que acaba de renovar sus autoridades, enmarca estos movimientos dentro de una estrategia más amplia: fortalecer su cohesión interna, sostener presencia en el Congreso y marcar terreno mientras el Ejecutivo ajusta los detalles de su proyecto laboral.

Recordemos que la semana pasada, la CGT ya había recibido a diputados del peronismo ligados al movimiento obrero. Allí analizaron los trascendidos que anticipan cambios en convenios, jornadas, indemnizaciones y modalidades de contratación, contenidos que retoman aspectos del DNU 70/2023 y del borrador frenado por la Justicia.

La central insiste en que ninguna reforma puede avanzar sin la participación de los trabajadores y de las pymes, responsables de la mayor parte del empleo registrado. En contraste, el Gobierno sostiene que la modernización laboral permitirá recuperar la creación de puestos de trabajo. El debate, por ahora, sigue abierto y en tensión.