viernes 14 de noviembre de 2025 - Edición Nº2536

Provincia | 14 nov 2025

Escenario

El frente interno complica las aspiraciones de Cascallares de sumarse al gabinete

Mientras avanza con la rosca por sus aspiraciones ministeriales, Cascallares sufre consecuencias en el pago chico.


El intendente de Almirante Brown y diputado provincial electo, Mariano Cascallares, suena como uno de los hombres del Movimiento Derecho al Futuro para sumarse al gabinete bonaerense si fracasa la rosca para ocupar la presidencia de la Cámara baja.

Sin embargo, el frente interno complica las aspiraciones que tiene el hombre de Almirante Brown para tener el aval y el camino allanado para dejar la intendencia sin problemas en el pago chico.

En las últimas horas, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), encabezada por Rubén “Cholo” García, presentó una denuncia formal ante el Honorable Tribunal de Cuentas contra Cascallares.

La acusación es grave e incluye presunta malversación de fondos, abuso de autoridad y precarización laboral en el municipio del sur del conurbano.

El escrito, que representa una de las últimas gestiones sindicales de García, acusa a Cascallares y a su equipo de llevar adelante una “gestión ruinosa de fondos públicos”, lo que generaría perjuicios directos al erario municipal, provincial, al Instituto de Previsión Social (IPS) y al IOMA.

La Federación pide al Tribunal de Cuentas que inicie un procedimiento de responsabilidad patrimonial y aplique las sanciones correspondientes a los funcionarios involucrados.

Según el documento presentado, el Municipio mantiene a un alarmante 81% de sus trabajadores fuera del sistema formal. Esto se logra mediante la implementación de figuras de contratación precaria como monotributistas, becarios o cooperativistas, a los que no se les realizan los aportes previsionales ni se les garantiza la cobertura de salud que marca la ley.

Se sostiene que solo 1.350 de los casi 7.000 trabajadores municipales están registrados correctamente ante el IPS y el IOMA.

La Federación ha calculado que la evasión anual de aportes y contribuciones supera los 10.000 millones, afectando seriamente el financiamiento de los organismos provinciales. El gremio sostiene que el esquema implementado “viola el orden público laboral y la Ley 14.656”, que regula el empleo municipal bonaerense.

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