El presidente Javier Milei avanza firme con la privatización de empresas estatales. En esta oportunidad, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 805/2025, aprobó un nuevo marco regulatorio para Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que establece las condiciones para su futura venta y autoriza el corte del servicio por falta de pago.

La medida redefine el funcionamiento legal y operativo de la compañía que brinda servicios de agua y cloacas en el AMBA. Según el documento, la actualización busca “dar certeza jurídica” antes de avanzar con la licitación del 49% de las acciones, de las cuales el 44% será destinado a inversores privados y el 5% al Programa de Propiedad Participada para trabajadores.

Por primera vez, se autoriza interrumpir el servicio a los usuarios con deudas. Los hogares podrán ser desconectados tras 60 días de mora, mientras que las empresas y otras entidades podrán sufrir cortes después de 15 días, siempre con una notificación previa de al menos siete días hábiles.

El Gobierno justificó la reforma al señalar que se detectaron “errores materiales” en la normativa vigente, especialmente en el sistema tarifario y los cargos por construcción, lo que provocaba diferencias en la facturación entre usuarios medidos y no medidos.

El DNU 805/2025 también incorpora las modificaciones introducidas meses atrás por el Decreto 493/2025, que había ampliado la zona de cobertura de AySA y actualizado normas técnicas para adecuarlas al nuevo esquema de gestión.

La Ley Bases (27.742), aprobada el año pasado, ya había declarado a AySA “sujeta a privatización”, y en agosto, el Ministerio de Economía formalizó el proceso mediante la Resolución 1198/25, que fija un plazo de ocho meses para completar la venta del 90% del capital accionario.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas será la responsable de contratar a un banco estatal para realizar la valuación del paquete accionario y ejecutar la colocación de las acciones restantes en el mercado local.

La norma también incorpora en el artículo 81 del nuevo marco regulatorio la habilitación expresa para interrumpir el suministro en caso de mora, con el objetivo de “favorecer la rentabilidad y sustentabilidad de un futuro operador privado”.