La Agencia de Recaudación de la Provincia (ARBA) dispuso beneficios de exención y prórroga del Impuesto Inmobiliario Rural para productores de 19 distritos que sufrieron severas inundaciones y vieron comprometida su capacidad de producción.

La medida, que se aplicará durante 2025, forma parte del plan de asistencia impulsado por el gobierno de Axel Kicillof. Quedan así suspendidas las ejecuciones fiscales por seis meses y se otorgan prórrogas automáticas en los vencimientos de créditos con el Banco Provincia.

Los beneficios alcanzan a explotaciones con más del 50% de afectación productiva, e incluyen exenciones impositivas, prórrogas de pagos y reprogramaciones de créditos con el Banco Provincia. Mientras que para el desastre agropecuario el nivel de daño debe superar el 80%.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, detalló: “Nuestra tarea es acompañar a los sectores que producen, generando alivio fiscal en situaciones de emergencia, con una mirada justa y solidaria del sistema tributario”. Y resaltó el trabajo conjunto entre Provincia y municipios para garantizar la transparencia del proceso.

Hasta el momento, los distritos incluidos en las declaraciones de emergencia o desastre agropecuario son: Bolívar, Carlos Casares, Chacabuco, Chivilcoy, General Alvear, General La Madrid, General Viamonte, Guaminí, Junín, Las Flores, Monte, Nueve de Julio, Puan, Saladillo, Tapalqué, Tornquist, Trenque Lauquen, Veinticinco de Mayo e Hipólito Yrigoyen.

Las resoluciones fueron evaluadas por la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia (CEDABA), integrada por representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario y de las entidades rurales. Una vez aprobado el trámite, ARBA aplica de forma automática las exenciones o prórrogas sobre el Impuesto Inmobiliario Rural.

Los productores que quieran acceder al beneficio deben gestionar el certificado de emergencia o desastre ante el Ministerio de Desarrollo Agrario, presentando la documentación que acredite la explotación y la constancia de inscripción en ARCA, donde se verifica el ejercicio de la actividad agropecuaria.

Con estas medidas, la Provincia de Buenos Aires busca fortalecer el acompañamiento a los sectores rurales más afectados y sostener la producción agropecuaria como motor del desarrollo local. “Estas políticas son una muestra de que el Estado provincial está presente cuando los productores lo necesitan”, concluyó Girard.