El juez federal Alejo Ramos Padilla, a cargo del Juzgado Federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, oficializó la lista de La Libertad Avanza (LLA) con Diego Santilli como primer candidato a diputado nacional, cumpliendo con la orden de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Sin embargo, el magistrado aprovechó la oficialización para emitir un escrito en el que cuestionó duramente la decisión de los jueces de la CNE, Daniel Bejas y Santiago Corcuera, por revertir su fallo anterior.

La lista oficializada y la guerra judicial

El fallo final de la CNE del 11 de octubre resolvió la judicialización de la lista de LLA tras la renuncia de José Luis Espert, ordenando la adecuación de la nómina con el criterio de reemplazo previsto en el artículo 7° del Decreto 171/2019. Esto coloca a Santilli en el primer lugar.

A pesar de la oficialización, la cara de Espert seguirá figurando en la Boleta Única Papel (BUP), ya que la Justicia negó la reimpresión por inviabilidad logística.

El cuestionamiento a la Cámara Electoral

El escrito de Ramos Padilla revela la tensa rencilla interna entre los magistrados. El juez defendió su fallo original (que ubicaba a Karen Reichardt primera), sosteniendo que su decisión no fue una "singular interpretación subjetiva" sino una posición "coincidente de todas las partes intervinientes y del Ministerio Público Fiscal".

Ramos Padilla disparó directamente contra los jueces Corcuera y Bejas de la CNE. Recordó que la declaración de inconstitucionalidad de una norma (en este caso, el Decreto 171/2019) es una "atribución propia de los jueces de la Nación" para garantizar la vigencia efectiva de la Constitución.

Ramos Padilla reiteró que su fallo original se alineaba con los “compromisos constitucionales e internacionales del Estado Argentino en materia de igualdad de género”.

La postura original de Ramos Padilla había sido respaldada por los fiscales María Laura Roteta y Ramiro González, quienes advirtieron que la pretensión de LLA "conspira contra la finalidad misma de la ley de paridad" y podría comprometer la "responsabilidad internacional del Estado argentino".