El diputado nacional Máximo Kirchner ingresó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados que busca poner límites al endeudamiento externo sin control legislativo.

“El desmanejo de Milei (Javier) y Caputo (Luis) con la deuda exige la intervención del Congreso”, señala el legislador en el documento.

Y establece que “todo empréstito tomado por nuestro país con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América que no sea aprobado por ambas cámaras del Congreso Nacional es nulo de nulidad absoluta e insanable y no obligará al Estado nacional de manera alguna”.

El texto advierte que la Argentina atraviesa “una crisis económica y financiera de gran magnitud, caracterizada por una volatilidad cambiaria extrema, una sangría de reservas internacionales y una economía en fase recesiva”.

Además, cuestiona la política de Milei por avanzar en “una confrontación abierta” con el Congreso, a partir de “declaraciones ofensivas y decisiones unilaterales que vulneran la institucionalidad democrática”.

En esa línea, Kirchner remarcó que “la suscripción de un acuerdo financiero con el Tesoro de los Estados Unidos sin la aprobación del Congreso de la Nación viola de manera flagrante las disposiciones constitucionales que reservan al Poder Legislativo la potestad exclusiva sobre el endeudamiento público y los tratados internacionales”.

El texto también hace referencia a recientes declaraciones del secretario del Tesoro norteamericano, donde se sugirió que un eventual auxilio vendría acompañado de inversiones privadas en sectores estratégicos, lo que, según el diputado, abre interrogantes sobre la soberanía económica.

A esto se suman, señala el legislador, las condiciones impuestas por el último acuerdo con el FMI y las manifestaciones del embajador designado en Argentina, Peter Lamelas.

También pone en duda el rol del ministro de Economía, por su desempeño como presidente del BCRA en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando “se malgastaron USD 13.673 millones del primer desembolso del FMI a razón de 210 millones diarios para financiar la fuga de capitales y pagar letras del Tesoro”.

El proyecto además obliga al Ejecutivo a remitir toda la documentación y cláusulas de un eventual acuerdo, con especial énfasis en los compromisos asumidos como condición para la asistencia.