

El Gobierno de Javier Milei profundizó su postura de ajuste fiscal al vetar por completo la Ley de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan, una decisión que se suma al rechazo total de la Ley de Financiamiento Universitario.
Ambas medidas, publicadas en el Boletín Oficial, se argumentan en la necesidad de preservar el "equilibrio fiscal" y evitar lo que la administración libertaria considera un “aumento desmedido e irresponsable del gasto público”.
El veto al Garrahan, que lleva la firma del Presidente y todo su gabinete, tiene un “impacto fiscal directo” estimado de $115.030.000.000.
El Gobierno sostiene que este gasto conduciría inevitablemente a la desfinanciación de otros programas sanitarios vigentes, como el calendario de vacunas o las políticas de cobertura para VIH y lepra.
La decisión se da en un contexto de reorganización de la estrategia oficialista tras la derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.
En paralelo al veto, la Casa Rosada estiró la definición sobre la Ley de Redistribución Automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una normativa clave para los gobernadores.
Según informó Noticias Argentinas, la incertidumbre por los ATN y el veto al Garrahan ya generaron gran preocupación en los mandatarios provinciales.