La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue denunciada penalmente por el abogado Gregorio Dalbón por el delito de abuso de autoridad, luego de que solicitara allanamientos contra periodistas y medios de comunicación en el marco de una causa por presunto espionaje ilegal.

Según Dalbón, la funcionaria buscó “amedrentarlos, censurarlos y restringir la libertad de prensa”, en un hecho que ya generó fuerte repercusión política y que se suma a una presentación similar realizada por legisladores de la oposición.

El letrado sostuvo que el pedido de Bullrich constituye “una violación flagrante de la libertad de expresión”, ya que contradice los artículos 14, 32 y 43 de la Constitución Nacional y tratados internacionales que garantizan la protección de las fuentes periodísticas.

La maniobra de Bullrich

La ministra había solicitado el allanamiento de los estudios de Carnaval Stream y de los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, además del secuestro de equipos de trabajo y documentación vinculada a la investigación.

También pidió prohibir la difusión, reproducción o circulación de los audios y materiales obtenidos en la operación denunciada que involucra a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Dalbón advirtió que la denuncia “no solo se dirige contra periodistas concretos, sino que pretende restringir a la totalidad de los medios y plataformas digitales, lo cual constituye una forma de censura indirecta y masiva”.

"Herramienta de intimidación"

En ese sentido, afirmó que el accionar de la ministra configura una extralimitación de sus funciones: “El pedido de allanamiento de medios, el secuestro de equipos de trabajo y, particularmente, la pretensión de prohibir la difusión de información periodística, configuran órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución Nacional”.

Por último, el abogado señaló que el Gobierno nacional utilizó la denuncia penal como “herramienta de intimidación para condicionar a los periodistas y la libertad de prensa”, enmarcando la conducta denunciada dentro del delito de abuso de autoridad, con consecuencias penales para la funcionaria.