El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó una denuncia ante la Justicia federal de La Plata para que se investigue si fue espiado ilegalmente por el Gobierno nacional, tras la filtración de un documento atribuido a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que revela un seguimiento a dirigentes opositores, organizaciones gremiales y grupos sociales como jubilados y personas con discapacidad.

La presentación fue realizada por el propio gobernador y quedó radicada en el juzgado federal de Alejo Ramos Padilla. El informe filtrado, titulado “Hechos previstos 09JUL25”, fue revelado por el periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon y detallaría el monitoreo de actividades políticas, gremiales y hasta culturales previstas para el martes 9 de julio, en coincidencia con el cierre de alianzas electorales en PBA. Según el documento, entre los objetivos de vigilancia se encontraban Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner.

“No conozco más detalles de lo sucedido. Pero el contenido de esa noticia y la gravedad de lo presuntamente ocurrido me imponen formular esta denuncia para que se investigue”, sostuvo Kicillof en el escrito presentado ante la Justicia. Además, considera que podría tratarse de un caso de espionaje político sin justificación legal, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional.

¿Qué consta en los informes de la SIDE? Datos sobre reuniones de Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner. Y hasta de un encuentro que Facundo Manes tuvo en su domicilio con Néstor Grindetti. Pero nada de La Libertad Avanza o PRO (donde son aliados):https://t.co/SSzvQa5YsY pic.twitter.com/xQRG90wK2K

— Hugo Alconada Mon (@halconada) August 3, 2025

La CTA de los Trabajadores, conducida por Hugo Yasky, y la CTA Autónoma, encabezada por Hugo “Cachorro” Godoy, denunciaron penalmente al presidente Javier Milei y al jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, ante los tribunales de Comodoro Py, y advirtieron sobre la posible existencia de “un esquema sistemático de espionaje ilegal” orientado a vulnerar derechos constitucionales.

Recordemos que la ley 25.520, que regula el funcionamiento de los organismos de inteligencia, establece de forma taxativa que no pueden obtener información ni realizar tareas de seguimiento sobre personas por su opinión política, actividad gremial o participación en organizaciones sociales, culturales o partidarias.

En paralelo, el senador radical Martín Lousteau convocó a una reunión urgente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia para el próximo martes, a fin de evaluar la posible citación del titular de la SIDE y otros funcionarios responsables del área. La comisión buscará determinar si hubo violaciones a la normativa vigente en materia de inteligencia interior y transparencia democrática.

El caso reabre el debate sobre los límites del poder estatal en la vigilancia de ciudadanos, en un país con antecedentes en materia de espionaje ilegal. Para Kicillof y las organizaciones denunciantes, la gravedad del episodio amerita una investigación urgente y profunda.

“La omisión de investigar a quienes dieron órdenes o autorizaciones específicas implicaría un grave daño a la democracia”, advirtieron desde las CTA. Mientras tanto, la Justicia ya comenzó a analizar los documentos y los alcances de lo ocurrido.