Los juzgados de garantías de la provincia de Buenos Aires atraviesan una crisis estructural que se agudiza año a año. Así lo demuestra un nuevo y alarmante informe del Centro de Información y Formación de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).

El documento presenta una radiografía detallada del fuero. Los resultados son contundentes: aumento sostenido de la carga de trabajo, escasa inversión y un deterioro progresivo de las condiciones laborales y del acceso a la justicia.

Los números de la crisis: más trabajo, menos personal

Uno de los datos más alarmantes del informe es el récord histórico de causas: en 2024 se registraron 184.495 causas nuevas, un 25% más que en 2023. A esto se suma que desde marzo de 2023, la Corte les trasladó la competencia urgente en casos de violencia de género.

Pese a este crecimiento exponencial, la incorporación de personal no acompaña. El informe revela que 33 juzgados de garantías tienen hoy menos personal que en 2015, y en 22 la dotación es la misma que hace una década. Casos como Pilar y Olavarría tuvieron más del 200% de aumento en causas, pero sin ningún refuerzo de personal.

Sobrecarga y baja capacidad resolutiva

Esta situación se traduce en una sobrecarga laboral constante. En 2024, el promedio provincial fue de 1.827 causas por juzgado, pero en sedes como Cañuelas y Ezeiza ese número se dispara muy por encima. La consecuencia directa es una alarmante caída en la capacidad de resolución: sólo se resolvió el 37% de las causas iniciadas, muy lejos del 71% registrado en 2018.

Un llamado urgente y juzgados "fantasma"

Pese a la evidencia de colapso, todavía existen nueve juzgados de garantías creados por ley que no fueron habilitados en zonas de alta litigiosidad como Avellaneda-Lanús, Mercedes y Tigre. Su no implementación agrava la crisis.

Frente a este panorama, la AJB reitera la necesidad urgente de reforzar las plantas de personal, habilitar estos juzgados e invertir en infraestructura.

"No se trata solamente de números: se trata de personas. De miles de trabajadoras y trabajadores judiciales que sostienen, día a día, un sistema cada vez más exigido, sin los recursos necesarios", concluye el informe.