La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) le reclamó formalmente al ministro de Justicia provincial, Juan Martín Mena, que no acepte la renuncia de la jueza Julieta Makintach, quien está procesada y a la espera de un juicio político por su polémico accionar en la causa por la muerte de Diego Maradona.

Para el gremio de los trabajadores judiciales, permitir su salida del cargo sería una maniobra para garantizar su “impunidad institucional” y eludir la rendición de cuentas ante la sociedad.

La jueza Makintach, del Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Isidro, fue denunciada y licenciada de forma compulsiva por la Suprema Corte provincial.

Su accionar durante el primer juicio por el fallecimiento del astro del fútbol derivó en la anulación de todo el proceso, lo que generó un escándalo público y un duro golpe a la credibilidad del Poder Judicial. A raíz de esto, el Jurado de Enjuiciamiento inició un proceso que podría terminar con su destitución.

En medio de ese proceso, la magistrada presentó su renuncia. Desde el gremio que comanda Hugo Russo sostienen que se trata de una estrategia para esquivar el juicio político. “Permitir que una magistrada en proceso de enjuiciamiento evada dicha instancia mediante la renuncia implicaría consagrar la impunidad institucional, en detrimento del interés público”, argumentó el sindicato en la nota enviada a Mena.

El gremio judicial remarca que el juicio político no tiene como único fin la remoción del cargo, sino que cumple una función clave en el sistema republicano: la rendición de cuentas ante la sociedad. Según la AJB, esa responsabilidad no puede ser reemplazada por un proceso penal, ya que tienen fines distintos.

Además, el sindicato le recordó al ministro que la renuncia de un juez no es un trámite automático. Citando fallos de la Corte Suprema de la Nación, explicaron que se trata de un “acto complejo que requiere la aceptación expresa del Poder Ejecutivo para ser válida”.

Por lo tanto, el gobernador Axel Kicillof tiene la potestad de rechazarla y obligar a la jueza a enfrentar el proceso de remoción.

Si la renuncia fuera aceptada, no solo se evitaría el juicio, sino que también se abriría la puerta a que la magistrada pueda, en un futuro, volver a ejercer cargos públicos. La destitución, en cambio, podría impedírselo.