La confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema en la causa Vialidad desató una rápida respuesta del sindicalismo.

Gremios como ATE, las dos CTA y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunciaron paros y movilizaciones, calificando la decisión judicial como un acto de "proscripción" y persecución.

Uno de los primeros en reaccionar fue ATE Capital, que declaró un paro y movilización en rechazo al fallo. “El pueblo organizado no va a permitir este grave atropello”, sostuvo el gremio a través de un comunicado en el que también afirmaron: “Paramos y movilizamos, defender a Cristina es defender la democracia”.

En ese contexto, las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, lideradas por Hugo "Cachorro" Godoy y Hugo Yasky respectivamente, difundieron un documento conjunto bajo el título “Contra la proscripción de Cristina – En defensa de la democracia”.

En el texto, manifestaron un rechazo anticipado al fallo, al que calificaron como “un operativo judicial”. Acusaron al “triunvirato que ocupa la Corte” de actuar como “brazo ejecutor de los poderes fácticos” y aseguraron que “la sentencia contra CFK estaba escrita antes de que comenzara el juicio”, tildándola de “vendetta política”.

Paralelamente, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), liderada por Juan Carlos Schmid, expresó su repudio a lo que definió como un “ataque que recibe Cristina Fernández de Kirchner de la Justicia”.

La CATT, que nuclea a más de treinta sindicatos del transporte terrestre, aéreo, ferroviario, portuario y fluvial, sostuvo: “Nos pronunciamos en contra de la proscripción y la persecución política contra CFK”.

Sectores del peronismo y del movimiento obrero preparaban distintas acciones que incluían concentraciones y cortes sorpresivos. Este escenario se ve además atravesado por un malestar creciente dentro de las filas gremiales frente a lo que consideran una falta de diálogo con la Casa Rosada, descripto por Andrés Rodríguez, titular de UPCN, como un “conflicto continuo” derivado de la actitud “tan cerrada” del Ejecutivo nacional.