El futuro político de Cristina Fernández de Kirchner está en vilo. La Corte Suprema de Justicia se prepara para decidir si ratifica la condena en su contra por la causa Vialidad, y en los pasillos del máximo tribunal se especula que la definición podría llegar antes de que termine junio.

Así lo adelantaron los periodistas de TN y Eduardo Feinmann en su programa televisivo, aunque fuentes cercanas a la defensa todavía no tienen notificación sobre una resolución de la causa Vialidad.

Esta decisión, que pende de la postura del juez Carlos Rosenkrantz, es crucial para la estrategia electoral de la expresidenta en la provincia de Buenos Aires.

Hace dos semanas, Cristina Kirchner confirmó su candidatura para la Tercera Sección de la provincia de Buenos Aires, una jugada interpretada como un intento de acceder rápidamente a los fueros parlamentarios.

Las listas para la elección provincial cierran y se oficializan en julio, antes que las nacionales previstas para el 17 de agosto.

La Corte Suprema cuenta actualmente con tres de sus cinco miembros en funciones: Horacio Rosatti (presidente), Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

Para una sentencia, se necesita el voto coincidente de los tres. Tanto Rosatti como Lorenzetti estarían a favor de ratificar la condena a seis años de prisión, posiblemente utilizando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite rechazar un recurso extraordinario sin un análisis de fondo, acelerando los tiempos.

Una condena firme a prisión, ya sea de seis o doce años, iría acompañada de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esta inhabilitación, confirmada por la Corte Suprema, impediría a Cristina Kirchner ser candidata tanto a nivel nacional como provincial, más allá de los argumentos que pueda esgrimir sobre la autonomía de las reglas electorales de cada distrito.

La definición judicial tiene un fuerte componente político. Un fallo rápido que inhabilite a Cristina Kirchner podría ser interpretado como una "proscripción" por sus seguidores. Por otro lado, una postergación le permitiría a la expresidenta, si su candidatura se oficializa, obtener fueros y evitar una eventual detención, además de mantenerse en el centro del debate político, algo que podría ser funcional a la estrategia de polarización del gobierno de Javier Milei. El debate está servido y, según se desprende de la información, "la condena se aproxima".