El Consejo Superior de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) declaró por unanimidad la Emergencia Salarial y Comunitaria en todo el ámbito universitario. La resolución responde al grave deterioro del poder adquisitivo de docentes, nodocentes y estudiantes frente a la escalada inflacionaria y al congelamiento de políticas de apoyo por parte del gobierno nacional.

David Ruiz, secretario general de la Asociación de Trabajadores Nodocentes de la UNAJ (ATUNAJ), advirtió que muchos trabajadores no llegan a cubrir sus necesidades básicas y se ven obligados a recurrir a empleos informales para completar sus ingresos.

“La inflación de diciembre fue del 25%, y el aumento salarial fue cero. Lo mismo ocurrió en enero. Desde entonces, todos los aumentos han estado por debajo de la inflación”, lamentó Ruiz.

La crisis impacta de manera visible: incluso muchos docentes que permanecen en la universidad durante el almuerzo optan por no comprar la vianda,aunque esté subsidiada, y recurren a las frutas que ofrece la sede gremial.

Un escenario cada vez más crítico

Desde la UNAJ se señala que los trabajadores han perdido el equivalente a cuatro salarios, y que las perspectivas para este año no son alentadoras. En enero, la inflación fue del 2,2% y el aumento salarial del 1,5%; en febrero, 2,4% frente a un 1,2% de aumento; y en marzo, la inflación alcanzó el 3,7%, sin mejoras salariales.

La situación también afecta a los estudiantes: más del 60% de las jóvenes que trabajan lo hacen en condiciones de informalidad, lo que implica mayor carga horaria, salarios más bajos y condiciones laborales incompatibles con los estudios.

Hacia una nueva ley de financiamiento universitario

Por otro lado, Ruiz detalló que se está trabajando junto a diputados nacionales en una nueva Ley de Financiamiento Universitario, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El objetivo es garantizar partidas presupuestarias específicas para recomponer los salarios de docentes y nodocentes, en el marco de una emergencia nacional del sistema universitario.

Esta ley ya había sido aprobada en 2023, pero fue vetada. Hoy, la estrategia consiste en lograr que todas las universidades nacionales declaren la emergencia salarial como una forma de presión territorial.