Tras anunciarlo con bombos y platillos, el Gobierno nacional oficializó la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y creó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para reemplazarla. Qué implicancias tiene.

A través del Decreto 953/24 Javier Milei lanzó la nueva entidad que tendrá a su cargo la gestión de los recursos tributarios y aduaneros con una estructura simplificada. Según expresaron, el objetivo es mejorar la eficiencia y especialización en ambas áreas.

Para dirigir el nuevo organismo bendijeron a una ex integrante de la AFIP, Florencia Misrahi, mientras que las nuevas direcciones estarán lideradas por Andrés Gerardo Vázquez (Impositiva) y José Andrés Vélis (Aduanas).

Asimismo, se estableció que todos “los recursos, el personal, los bienes, el presupuesto vigente, los activos y el patrimonio, compromisos, derechos y obligaciones” de la AFIP se transfieren a la nueva agencia.

¿Qué pasa con los trabajadores?

Tal como sucedió con otros organismos estatales que fueron cerrados por el Gobierno libertario, esta medida deja en la cornisa a miles de trabajadores de la ex AFIP que, según la normativa, mantendrán “su actual situación de revista alcanzado en su carrera administrativa”.

El argumento es que la AFIP “se ha sobredimensionado” en su estructura y “en la multiplicación de sectores que no desempeñan funciones esenciales”, pero, según lo anunciado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, esa reducción incluye el despido de más de 3 mil trabajadores.

En ese marco, la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) puso en marcha asambleas en todo el país, y la Unión del Personal Superior de AFIP (UPSAFIP) anunció que sus abogados están diseñando “las estrategias y acciones jurídicas” para revertir la medida.

“Tenemos trazadas ya la estrategia, la táctica y las operaciones de las batallas sindicales que daremos en caso de ser necesarias”, afirmaron los abogados.