Los intendentes camporistas de Lanús y Quilmes avanzan sobre su par de Avellaneda y buscan que el conflicto escale un escalón más en la disputa por quedarse con la lapicera del peronismo.

Ahora, Julián Álvarez y Mayra Mendoza avanzan en un nuevo capítulo de la disputa con Jorge Ferraresi y van a la justicia por el impacto del puerto de Dock Sud y una histórica demanda que tienen los municipios vecinos.

Es que la tensión que le aportaron los camporistas con las ordenanzas que firmaron sus concejos deliberantes en pedido de respuestas por la administración del Puerto para la mejora de las calles, se suma la presentación ante la Justicia sobre un pedido de informe acerca de la actividad económica y determinar la real incidencia de la logística del Puerto en ambos municipios.

Además, le solicitaron a la Justicia la intervención de un perito contador que verifique los asientos contables y proporcione información sobre la actividad de las empresas, mercaderías, tasas y vehículos.

La presentación busca arremeter un nuevo capítulo en la disputa con Ferraresi en la batalla por quedarse con la lapicera del peronismo en las próximas elecciones.

Desde los municipios de Quilmes y Lanús presentamos judicialmente un pedido de informe para conocer la actividad económica del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud con el objetivo de determinar la real incidencia de la logística del Puerto en ambos distritos. pic.twitter.com/WuVJ8XAGN5

— Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) September 10, 2024

“Comprendemos que es fundamental recopilar información detallada sobre las operaciones del Puerto a través de la documentación fiscal y logística que nos provean, a fin de evaluar el perjuicio actual y futuro que produce la actividad del Puerto de Dock Sud sobre las calles de nuestros distritos”, explicó el intendente de Lanús.

Por su parte, la intendenta Mendoza dijo que “Quilmes y Lanús son parte de la zona portuaria, por eso desde febrero de este año tenemos a Julián Álvarez como Director representante de ambos municipios” y completó “éste no es un problema entre particulares, y mucho menos en contra de los vecinos de Avellaneda. Lo que buscamos es una reparación por los años de funcionamiento y ningún beneficio para la comunidad”.